El guardia civil Juan Carlos Alonso Farías, de 30 años, ingresó en la prisión de Alcalá Meco para cumplir condena por sus discrepancias con un cabo. El guardia fue condenado a tres meses de prisión por un tribunal militar, un hecho que hacía 20 años que no sucedía en la Guardia Civil.
Alonso entró en el penal de Alcalá Meco pasada la una de la tarde del jueves acompañado por su novia y una representación de compañeros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Este colectivo, mayoritario dentro del Instituto Armado, denunció que mientras a ellos les tratan como a delincuentes hay otras personas imputadas en España, algunas famosas, que nunca entran en la cárcel.
"Ha sido lamentable, no dábamos crédito a lo que estaba pasando, Alcalá Meco es una prisión con todo lo que ello conlleva", denunció el secretario general de la AUGC, Alberto Moya, minutos después de despedir a su compañero a las puertas del centro penitenciario. "Supone un fracaso absoluto del Estado de Derecho, otro recorte de derechos, un cúmulo de errores y de dejación de funciones por parte de la Administración", añadió antes de censurar al Gobierno por no haber impedido que "uno de sus agentes entre en la cárcel".
Moyá se quejó también de que la Dirección General de la Guardia Civil no haya pedido el indulto para Alonso Farías, anunció "movilizaciones" para lograr la liberación del agente e instó a los partidos políticos a que no se aplique a los guardias civiles el Código Penal Militar.
La propia Dirección General de la Guardia Civil emitió hace unos días un comunicado en el que trataba de justificar lo sucedido argumentando que fue el cabo quien recurrió directamente a la jurisdicción militar. Además, explicó que el condenado, que recurrirá al Tribunal Constitucional, no solicitó el indulto, por lo que la Dirección General de la Guardia Civil "no ha tenido posibilidad de emitir informe favorable alguno para evitar la ejecución de la condena".
Los hechos se produjeron el 2 de junio de 2010 en la localidad grancanaria de Arguineguín, una población costera de casi 3.000 habitantes. Durante un control rutinario, unos vecinos increparon a los guardia civiles y fueron detenidos, lo cual provocó la respuesta de un familiar de ellos que era policía municipal. Se produjo entonces una reacción en cadena con la marcha de varios centenares de vecinos hacia el cuartel dispuestos a pedir explicaciones y exigir la libertad de los detenidos. El cuartel de Arguineguín tuvo que ser reforzado con una unidad de intervención.
En un ambiente de gran crispación, las órdenes fueron las de proceder con calma y no aumentar la tensión. Allí se encontraron el guardia Alonso y el cabo Jiménez. Se conocen desde hace años aunque han pertenecido siempre a unidades diferentes. La unidad del guardia Alonso acudió a reforzar el cuartel. En un momento dado, el cabo Jiménez se dirigió al guardia Alonso, y no a otro, y le dijo en voz alta que "controlara a la chusma". El calificativo de chusma no pareció el más idóneo para mantener la calma y ambos se enzarzaron en una discusión en la que no hubo agresiones.
Todos los detalles de un episodio que parece una anécdota en medio de un ambiente de tensión están relatados en un sumario de más de 1.000 páginas cuya instrucción ha durado dos años. El tribunal militar reconoció que "no alcanza la plena certeza en su convicción" de que hubiera insultos. Sin embargo, dedujo que hubo un empujón. No tuvo en cuenta que el teniente que ejercía de jefe del puesto reconoció que "el cabo Jiménez utilizaba más su superioridad en el empleo con el guardia Alonso que con el resto de los guardias", que el cabo Jiménez "venía de otros destinos en los cuales el volumen de trabajo y complejidad" eran menores y que dio dos partes del cabo Jiménez por faltas graves.
FE DE ERRORES
El guardia civil Juan Carlos Alonso Farías permanece en prisión. Por una confusión, pasada la medianoche, EL PAÍS informó que acababa de salir en libertad, cuando en realidad quien quedaba libre era el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, que cumplía arresto en la base logística San Pedro, en Colmenar Viejo (Madrid), por criticar que en el Ejército no se apliquen recortes a determinados gastos.
Información tomada de El País.
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