La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha alertado de que en estos momentos hay en España al menos 10.179 viviendas públicas vacías en condiciones para ser habitadas de inmediato, por lo que muchas de las personas que necesitan una vivienda con urgencia podrían beneficiarse de ellas.
Así consta en el estudio 'Viviendas protegidas vacías' que la institución ha presentado a las Cortes Generales, y en el que se recomienda a las administraciones que recalifiquen el régimen de protección de las viviendas que estén destinadas a la venta hacia el alquiler "por razones de interés público o social".
Y es que, de las más de 250.000 viviendas gestionadas por las comunidades autónomas, aproximadamente 13.500 viviendas están vacías, y de éstas 9.752 pueden considerarse disponibles (viviendas habitables que no están ocupadas).
Asimismo, los grandes ayuntamientos estudiados en el informe gestionan 26.144 viviendas protegidas, de las cuales están vacías y disponibles por lo menos 427.
Entre las recomendaciones que establece el informe para acabar con el desajuste entre la necesidad de vivienda y el número de viviendas protegidas que están vacías, la Defensora del Pueblo insta a garantizar rentas de alquiler más accesibles para quienes no pueden acceder a una vivienda libre y que se permita a las personas que ya disfrutan de una vivienda protegida en alquiler poder quedarse con ella.
A juicio de la entidad es importante que la renta de alquiler no supere el 30 % de los ingresos de la unidad familiar ni el 3 % del precio para viviendas del entorno de la Sareb sin perjudicar a los promotores.
Las recomendaciones formuladas abogan también por mejorar la colaboración entre administraciones, especialmente entre CCAA y ayuntamientos; por que las funciones materiales y técnicas sean realizadas por otros órganos o entidades, públicos o privados sin ánimo de lucro y por que en los registros de vivienda protegida se inscriban todas las casas.
En cuanto a la inspección del parque de viviendas, la Institución considera necesario reforzarla para evitar el fraude y que alcance no solo a las viviendas protegidas de promoción pública, sino también a las de promoción privada. Actualmente hay 332.529 personas inscritas como solicitantes de vivienda protegida.
Para realizar el estudio, el Defensor del Pueblo ha contado con datos de las consejerías y organismos de viviendas de todas las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Además, incluye información de diez ayuntamientos de capitales con una población superior a 350.000 habitantes a modo de muestreo.
Información tomada de La Vanguardia
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