El Ayuntamiento de Barcelona paraliza los procedimientos de sanción abiertos a un pensionista de la ciudad que colgaba carteles en la calle
ofreciéndose para realizar trabajos esporádicos que completasen su
pensión, como mudanzas o traslados. El consistorio le interpuso más de
300 multas y le reclamaba en total 155.000 euros.
El caso de M.R.V. suscitó numerosas muestras de apoyo y la intervención del Síndic de Greuges, Rafael Ribó. M.R.V.
es viudo, cobra una pensión inferior a 1.000 euros y vive de alquiler
con sus dos hijos adolescentes, a los que mantiene. La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, también ha hecho llegar al consistorio una solicitud de información y documentación sobre el caso.
Según
ha informado en un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Barcelona
ha atendido a la carta remitida por Ribó, que solicitaba paralizar las
sanciones mientras se reconsidera y resuelve el recurso interpuesto por
el afectado. "El Instituto Municipal de Hacienda ya está trabajando en
este sentido desde el momento en que recibió las alegaciones", admite el
consistorio.
Falta de notificación
El ciudadano afectado presentó dos instancias al consistorio para solicitar que las multas fueran conmutadas por trabajos en beneficio de la comunidad y, a la vez, que le fueran anuladas alegando falta de notificación de las sanciones. El Ayuntamiento ha aclarado este lunes que no notificó las infracciones porque el pensionista se negó a firmar todas las denuncias que la Guardia Urbana le impuso en la calle. Los agentes anotaron los datos del DNI del ciudadano, que resultaron no corresponder con su domicilio y por ello no pudo realizarse la notificación.
El ciudadano afectado presentó dos instancias al consistorio para solicitar que las multas fueran conmutadas por trabajos en beneficio de la comunidad y, a la vez, que le fueran anuladas alegando falta de notificación de las sanciones. El Ayuntamiento ha aclarado este lunes que no notificó las infracciones porque el pensionista se negó a firmar todas las denuncias que la Guardia Urbana le impuso en la calle. Los agentes anotaron los datos del DNI del ciudadano, que resultaron no corresponder con su domicilio y por ello no pudo realizarse la notificación.
El consistorio recuerda, además, que tras las primeras
denuncias el infractor continuó colgando carteles en el mobiliario
urbano durante los años 2011, 2012 y 2013, en distintos distritos de la
ciudad.
"El pasado diciembre de 2013, el ciudadano se personó en
el Instituto Municipal de Hacienda para saldar un importe pendiente de
pago correspondiente al impuesto de circulación de su vehículo, lo que
permitió al Ayuntamiento identificarlo y notificarle la deuda relativa a
las sanciones impuestas por vulnerar la Ordenanza de Convivencia y
también a varias multas de tráfico", asegura el comunicado municipal.
Información tomada de LA VANGUARDIA
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