El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación a la decisión que tomó el Gobierno de suspender la paga compensatoria a los pensionistas por la desviación del IPC en el 2012.
El Tribunal vasco ha remitido esta cuestión al TC al considerar que podría existir una "posible vulneración" de los artículos 9.3 y 86.1 de la Constitución española, relativos a la seguridad jurídica, la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o que restringen los derechos individuales, el principio de legalidad y de publicidad de las leyes, y la obligatoriedad de que los decretos leyes no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado y a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.
En concreto, la cuestión de inconstitucionalidad planteada se refiere al artículo 2.1 del real decreto-ley de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, en el que el Gobierno dejaba sin efecto para el 2012 la actualización de las pensiones conforme al IPC interanual de noviembre y la paga compensatoria por la desviación de precios.
Por este motivo, el Ejecutivo suprimió la compensación en el ejercicio 2012 establecida en la ley. Suspendida la paga compensatoria de aquel año, el Gobierno anunció que las pensiones subirían, con carácter general, un 1% para el 2013, salvo las inferiores a 1.000 euros mensuales, que se incrementarían un 2%, con un coste global de unos 1.500 millones de euros.
Información tomada de EL PERIODICO
El Tribunal vasco ha remitido esta cuestión al TC al considerar que podría existir una "posible vulneración" de los artículos 9.3 y 86.1 de la Constitución española, relativos a la seguridad jurídica, la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables o que restringen los derechos individuales, el principio de legalidad y de publicidad de las leyes, y la obligatoriedad de que los decretos leyes no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado y a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.
En concreto, la cuestión de inconstitucionalidad planteada se refiere al artículo 2.1 del real decreto-ley de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, en el que el Gobierno dejaba sin efecto para el 2012 la actualización de las pensiones conforme al IPC interanual de noviembre y la paga compensatoria por la desviación de precios.
Las razones del Gobierno
En su momento, el Ejecutivo del PP explicó que no compensaba a los pensionistas por la desviación del IPC del 2012 ante la "difícil" situación económica y la prioridad de seguir avanzando en la reducción del déficit público. El Gobierno alegó que no podía asumir una compensación a los pensionistas del 1,9%, la diferencia que mediaba entre la subida aplicada a las pensiones en 2012 (1%) y el IPC interanual de noviembre de ese mismo año, que se situó en el 2,9%.Por este motivo, el Ejecutivo suprimió la compensación en el ejercicio 2012 establecida en la ley. Suspendida la paga compensatoria de aquel año, el Gobierno anunció que las pensiones subirían, con carácter general, un 1% para el 2013, salvo las inferiores a 1.000 euros mensuales, que se incrementarían un 2%, con un coste global de unos 1.500 millones de euros.
Información tomada de EL PERIODICO
No hay comentarios: