El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado este martes al gobierno de la Generalitat que reanude las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales que el departamento de Benestar Social suspendió el pasado 1 de agosto temporalmente por falta de presupuesto.
Ribó ha recordado que la 'consellera' de Benestar Social, Neus Munté, adujo que era una medida transitoria de dos meses, pero que "se ha prorrogado indefinidamente", por lo que ha reclamado al Govern que "garantice el derecho subjetivo ante la suspensión de las prestaciones vinculadas a los servicios residenciales de las personas dependientes". Además, el defensor del pueblo catalán denuncia que "la medida se ha tomado sin ninguna normativa previa, lo que ha generado inseguridad jurídica y falta de claridad sobre el procedimiento".
Para Ribó, "la situación presupuestaria no puede justificar la desatención de los derechos de las personas, especialmente de las más vulnerables". El Síndic ha afirmado que "son necesarias medidas urgentes en los casos en que el ingreso residencial sea la única alternativa" para la persona dependiente y ha pedido que reanude estas prestaciones (ayudas para ingresar en residencias privadas si no hay plaza en las públicas) y que "adopte medidas para garantizar el derecho de las personas dependientes a recibir las prestaciones derivadas adecuadas a sus necesidades".
Información tomada de EL PERIODICO
Razones presupuestarias
La Generalitat argumentó la necesidad de interrumpir estas prestaciones aduciendo razones presupuestarias debido a los incumplimientos por parte del Estado de la financiación de la ley de la dependencia, lo que, según el Síndic, "no puede justificar de ninguna manera la desatención de los derechos de las personas".
Tras la suspensión de estas ayudas, el síndic recibió varias quejas individuales e inició una investigación de oficio, en la que el Departamento de Benestar justificó las cuentas y alegó que la Generalitat debe asumir el 80% del total del gasto por dependencia frente al 20% que aporta el Estado.
Ante la insuficiencia de recursos residenciales públicos, el Síndic también ha sugerido a Bienestar que "arbitre medidas paliativas y garantice el acceso en un plazo prudencial" y ha pedido "actuaciones urgentes en los casos en que no sea posible una alternativa a la residencia".
Ribó, que se ha reunido personalmente con la consellera Neus Munté para tratar esta cuestión, ha recordado que "la normativa vigente establece que si por falta de disponibilidad de plazas residenciales no se puede determinar el ingreso de la persona interesada, debe continuarse la tramitación del PIA y proponerse un servicio alternativo o reconocer la prestación económica correspondiente".
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