La gestión de los pisos de protección oficial de la Generalitat en L’Hospitalet ha vuelto a enfrentar al ayuntamiento y a la Generalitat. La alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, ha pedido que el gobierno autonómico traspase las competencias al ayuntamiento “porque es más ágil, eficiente y eficaz”. Marín ya hizo esta petición al Govern hace dos años. Por su parte, la Agència de l’Habitatge de Catalunya recuerda que la adjudicación de las viviendas depende del ayuntamiento desde el mes de marzo de 2011 y asegura no tener constancia formal de la petición del consistorio.El debate nace a raíz del futuro desalojo de una familia que ocupa un piso protegido en el barrio de El Gornal, una vivienda que está adjudicada a otra persona.
La alcaldesa ha asegurado que en el tema de la vivienda “hay dos realidades sociales que nos preocupan especialmente, en las cuales los ayuntamientos no tenemos competencias pero que tenemos que continuar reclamando: los desahucios de familias de su vivienda y la ocupación de viviendas sociales por parte de personas que no tienen la adjudicación correspondiente por carencia de un techo digno”.
Marín ha denunciado la “lentitud” en la gestión del parque público de viviendas y ha defendido que “la administración tiene que ser garante de los procedimientos establecidos para la adjudicación de viviendas entre todas las familias solicitantes y no se pueden tolerar situaciones de ocupación ilegal, especialmente desde el momento en que existen listas de personas y familias que necesitan estas viviendas de forma acreditada y que esperan su turno de forma reglada”.
Por su parte, fuentes de la Agència de l’Habitatge de Catalunya han asegurado no tener constancia de la petición de la alcaldesa de L’Hospitalet y mantienen que las competencias en este campo ya son del ayuntamiento. Desde la empresa que depende de la Generalitat apuntan que 17 municipios catalanes, entre los cuales está L’Hospitalet, tienen un registro de solicitantes de vivienda pública y recuerdan que tienen puntual información de la situación de los pisos públicos.
Según estas fuentes, la Agència de l’Habitatge realiza el sorteo de los pisos públicos a partir de las listas de solicitantes del ayuntamiento, que es encargado de adjudicarlos. “Cuando se produce una renuncia a uno de los pisos la información se transmite inmediatamente al consistorio”, apuntan desde la empresa pública.
En este sentido, el primer teniente de alcalde, Francesc Belver, asegura que “lo que hace la Agència es avisarnos, a través del Fondo Social de Vivienda, cuando hay un piso libre para su adjudicación. En 2012 han sido 10. Estamos convencidos, aunque desconocemos el número exacto, que hay muchos más en la ciudad”. Belver ha reiterado: “Queremos gestionar el parque de vivienda pública de manera integral. Desde cobrar a los inquilinos que pagan hasta hacer las reformas necesarias, no con la finalidad de quedarnos con el patrimonio de la Generalitat sino con el objetivo de dar una respuesta ágil a una demanda urgente”.
Belver ha recordado que “el ayuntamiento no tiene constancia del número de pisos vacíos de la Generalitat que hay en la ciudad a pesar de que se había comprometido a elaborar un censo de su parque de viviendas”.
Intermediación hipotecariaPor otro lado, el ayuntamiento ha anunciado la creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria desde la que asesorará a las familias que no puedan hacer frente al pago de las cuotas de la hipoteca y que mediará con las entidades bancarias.
Las personas afectadas por la hipoteca se podrán dirigir a la oficina y exponer su caso particular. Posteriormente se definirá el protocolo de actuación, colaboración y asesoramiento con las plataformas afectadas.
En este sentido, la alcaldesa ha recordado que la Guardia Urbana no ha actuado en casos de desahucios y subraya el apoyo que se ha dado a las personas derivadas de las diferentes plataformas de afectados.
Información tomada de La Vanguardia
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