El cierre de nueve canales de la TDT, ordenado por el Ministerio de Industria para hacer cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, puede terminar afectando de manera importante al dinero de los ciudadanos. Las televisiones están dispuesta a exigir indemnizaciones millonarias al Gobierno por el perjuicio que les causa eliminar estos canales. Esto es, los ciudadanos podrían tener que terminar pagando el coste de este cierre en caso de que la Justicia diera la razón a las cadenas.
En estos momentos, los cuatro operadores con licencia nacional (Mediaset, Atresmedia, Veo y Net TV) están evaluando el montante que cada uno, de manera individual, pedirá al Gobierno mediante una demanda. Las fuentes consultadas señalan que una vez se apaguen los nueve canales de la TDT, que será el seis de mayo, habría de plazo un año para interponer una demanda pidiendo la indemnización.
Atresmedia tiene que cerrar tres canales, que serán Xplora, Nitro y La Sexta3. Mediaset tiene que cesar las emisiones de dos: La Siete y Nueve. Veo y Net TV también tienen que prescindir de dos canales, aunque todavía no han hecho oficial cuáles serán, si bien es cierto que AXN, que emitía en una frecuencia de Veo mediante alquiler, ha anunciado que abandonará la TDT el 30 de abril.
"Es evidente que haremos todo lo que esté en nuestras manos para defender estos canales que son de todos (nuestros, de nuestros accionistas y de nuestros televidentes), o para reclamar el daño económico derivado", afirmó rotundo ayer Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, durante la Junta General de Accionistas de su grupo. A su juicio, La Siete y Nueve -los canales que cerrará- son "las víctimas propiciatorias que debemos sacrificar sobre el altar del dios del absurdo, en nombre de una incomprensible actuación de muchos actores, culpables algunos de incapacidad, otros de dejadez y otros de animadversión a los medios".
Uteca, la patronal de las cadenas privadas, envió recientemente una carta a Soria, exponiendo su "absoluta perplejidad y disconformidad" con la decisión de su Ministerio, y recordando que el conflicto podía solucionarse con un trámite administrativo, a través de un real decreto-ley. Sin embargo, Industria ha respondido a esta carta con un comunicado en el que mostraba su "respeto a la sentencia del Supremo" y que no hará uso de "actuaciones administrativas de urgencia", descartando así la propuesta de Uteca.
Para Alejandro Echevarría, presidente de Mediaset España, el cierre de los canales se debe a "un defecto formal que, como tal, podía y puede ser aún subsanado. Así lo exige la más básica formulación del principio de seguridad jurídica. Confiemos en que el Gobierno actúe en consonancia".
Información tomada de EL MUNDO
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