Más de 70.000 catalanes esperan una vivienda de protección oficial

Las solicitudes para acceder a una vivienda de protección oficial no dejan de crecer. En el registro de solicitantes hoy constan 70.889 personas, frente a las 42.139 de 2010, lo cual supone un aumento del 68,2% de los demandantes. Mientras eso sucede, la construcción de pisos públicos no ha hecho sino descender en el mismo periodo, de los 7.602 de 2010 a los 1.638 del año pasado, el 78,5% menos.

El secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, admite ese aumento de demandantes, pero opina que el hecho de que el registro entrara en vigor en 2010 no permite hacer una comparación con “perspectiva histórica”. Sala considera que en realidad se requiere “vivienda asequible”, que “no siempre tienen que ver con la de nueva construcción”. Sala añade que la movilidad del parque de vivienda pública de Cataluña, de 14.200 pisos, es mucho más elevada que hace unos años. “Estiramos mucho más el registro de solicitantes que antes, pero muchas veces contactamos con gente que se apuntó hace unos años y ahora ya no tiene esta necesidad”, argumenta. Además, añade que la Generalitat dispone de más de 1.250 viviendas vacías a causa de la falta de demanda, la mayoría en las comarcas del Ebro y el Pirineo.

La Generalitat también tiene convenios con 100 entidades que tratan con colectivos en riesgo de exclusión para los que cuenta con una red de viviendas destinadas a la inclusión. Uno de estos se firmó con Cáritas Diocesana de Barcelona, que complementa las viviendas proporcionadas por la Generalitat con donaciones particulares y algunos convenios con entidades financieras más la cesión de pisos en usufructo.


La asociación tiene hoy 300 viviendas, 180 más que hace tres años. “El objetivo es disponer de 500 en 2016”, explica Jordi Roglà, presidente de Cáritas. “A pesar de haber doblado los recursos, hay más de 120 personas en lista de espera”, resume. Según Roglà, la estancia media se ha alargado y se sitúa entre dos y tres años.

Las dificultades económicas de las Administraciones constituyeron una de las razones por las que empezó la Cooperativa Sostre Cívic en 2010. Su presidente, Raül Robert, recuerda que, anteriormente, gran parte de estas viviendas se construían con créditos que las empresas municipales pedían a las cajas. La desaparición de estas y las dificultades económicas les han impulsado a encontrar otras opciones. “Buscamos un modelo alternativo en el que es la cooperativa y no la administración la que se endeuda con financiación de banca ética, aportaciones de los socios y títulos participativos”, explica Robert. En estos proyectos, los Ayuntamientos y diputaciones solo aportan entre un 10% y un 30% de la financiación. Las viviendas son propiedad de la cooperativa y los socios tienen derecho a vivir en ellas de forma indefinida y a transmitirlas. El precio es asequible y las mensualidades nunca superan el 30% de la renta familiar.
Información tomada de EL PAIS