El secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, admite ese aumento de demandantes, pero opina que el hecho de que el registro entrara en vigor en 2010 no permite hacer una comparación con “perspectiva histórica”. Sala considera que en realidad se requiere “vivienda asequible”, que “no siempre tienen que ver con la de nueva construcción”. Sala añade que la movilidad del parque de vivienda pública de Cataluña, de 14.200 pisos, es mucho más elevada que hace unos años. “Estiramos mucho más el registro de solicitantes que antes, pero muchas veces contactamos con gente que se apuntó hace unos años y ahora ya no tiene esta necesidad”, argumenta. Además, añade que la Generalitat dispone de más de 1.250 viviendas vacías a causa de la falta de demanda, la mayoría en las comarcas del Ebro y el Pirineo.
La Generalitat también tiene convenios con 100 entidades que tratan con colectivos en riesgo de exclusión para los que cuenta con una red de viviendas destinadas a la inclusión. Uno de estos se firmó con Cáritas Diocesana de Barcelona, que complementa las viviendas proporcionadas por la Generalitat con donaciones particulares y algunos convenios con entidades financieras más la cesión de pisos en usufructo.