La Generalitat tiene encima de la mesa un nuevo órdago del Gobierno central contra el autogobierno. El Ministerio de Hacienda ha decidido emprender la vía judicial para neutralizar uno de los impuestos más controvertidos del Ejecutivo catalán: el euro por receta. A pesar de que la ministra de Sanidad, Ana Mato, no descartó exportar la medida al resto de España si la mayoría de las autonomías lo solicitaban, y a pesar de que el PPC negoció, pulió y avaló el tributo en el Parlament, el departamento que dirige Cristóbal Montoro considera ahora que el gravamen invade competencias estatales y emplaza al Gabinete de Artur Mas a negociar una solución para evitar un recurso de inconstitucionalidad
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