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miércoles, 4 de junio de 2014


Han presentado miles de demandas

Marea Pensionista y el Colectivo Ronda inician una campaña para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma de pensiones
Sociedad 04/06/2014 12:42
Marea Pensionista y el Colectivo Ronda
Durante todo 2013 y lo que llevamos de 2014, la Marea Pensionista ha desbordado los juzgados de Catalunya con la presentación de miles de demandas contra la decisión del ejecutivo español de no abonar los millones de perceptores de prestaciones de jubilación del Estado español el importe de la revalorización de sus pensiones correspondientes al período comprendido entre enero y noviembre de 2012.
Una intensa campaña que ha conseguido unir los esfuerzos de entidades como las Asambleas 15M de los barrios de Sants y les Corts y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que ofrecieron todo su apoyo a las movilizaciones contra una actuación que sitúa el gobierno español fuera de la legalidad marcada por la Ley General de la Seguridad Social.

La Marea Pensionista se propone revivir el éxito de esta campaña de movilización ciudadana consiguiendo que miles de pensionistas utilicen el formulario elaborado por el Colectivo Ronda para exigir al INSS que se reconozca el derecho de las personas pensionistas a la revalorización de sus pensiones según el IPC anual y se declare la inconstitucionalidad de la revalorización del 0,25% anunciada por el 2014.

Vulneración de la Constitución, la Carta Social Europea y el Convenio 102 de la OIT

El contenido del Real Decreto 1045/2013, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Otras prestaciones sociales públicas para el, ejercicio 2014 y la Ley 23/ 2013 de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social colisionan de forma evidente con el marco constitucional vigente. Así, la Carta Magna especifica en sus artículos 41 y 50 que las pensiones deberán ser "adecuadas y periódicamente actualizadas" así como de un importe que permita garantizar la " suficiencia económica" de los beneficiarios. Declaración de principios que choca con las previsiones de la propia ministra Báñez que reiteradamente ha cifrado en 33.000 millones de euros la cantidad que el Estado prevé reducir la partida destinada a pagar las pensiones como consecuencia de la aplicación del llamado factor de sostenibilidad, suponiendo una pérdida de poder adquisitivo acumulada que en los próximos 15 años puede llegar a ser del 28% para el conjunto de la población pensionista.

La Constitución no es, sin embargo, la única norma violentada por la adopción del factor de sostenibilidad que vincula el importe de las pensiones a factores relacionados con la esperanza de vida y diferentes indicadores macro -económicos. También se vulnera de forma evidente el contenido de la Carta Social Europea que en su artículo 12 insta a los Estado firmantes como España a "esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de la Seguridad Social" y el Convenio 102 de la OIT que obliga al Estado español a "adecuar el importe de las pensiones a las variaciones sensibles en el coste de la vida".

Presentaciones colectivas

Como se hizo en el caso de la lucha por el derecho a percibir el importe de la revalorización de las pensiones correspondientes a 2012 que se saldó con miles de demandas presentadas, la Marea Pensionista pondrá gratuitamente a disposición de todos los interesados el escrito de reclamación para dirigirse al INSS denunciando estos incumplimientos. En el caso de que la respuesta del INSS sea negativa y se deniegue el derecho a ver las pensiones debidamente revalorizadas según el IPC, se seguirá el mismo procedimiento -incluyendo la presentación colectiva de escritos de reclamación en los juzgados y las diferentes sedes del INSS - para presentar demandas judiciales ante los Tribunales Sociales pidiendo a jueces y magistrados que eleven cuestiones de inconstitucional al Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto y derogue una medida que atenta contra las más elementales garantías contenidas en la Carta Magna

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