El Gobierno está estudiando, a petición de los cazadores, dar prioridad a las actividades cinegéticas en los montes públicos frente a otras formas de ocio como el senderismo o la búsqueda de setas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha tratado con las principales organizaciones que representan a los cazadores introducir en la futura Ley de Montes la prohibición de acceso al bosque en las zonas y los días en los que se organicen monterías o batidas. Los cazadores aseguran que su objetivo es garantizar la seguridad de todos los usuarios del monte y evitar accidentes.
“Queremos que todas las actividades sean compatibles y en este caso eso quiere decir que cuando se lleva a cabo una, no se haga la otra”, señala el presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Andrés Gutiérrez Lara. “Es una cuestión de seguridad. Las monterías se programan con mucha antelación y en días concretos. Los seteros pueden realizar su actividad otros días o en otros lugares”, añade. “Los que buscan setas acuden todos los días; nosotros solo uno o dos al año a cada zona”, subraya Ángel López, responsable de comunicación de la RFEC.
López precisa que la “negociación” con el Ministerio solo se refiere a la caza mayor (jabalíes, corzos, ciervos); no a la menor (perdices, conejos, liebres) puesto que esta, que usa cartuchos de perdigones con un alcance limitado, no reviste tanta peligrosidad. “En estas actividades no se suelen producir accidentes, y menos aún que afecten a terceros”, añade. “En cambio, la caza mayor utiliza balas con un alcance de 200 metros”. El Ministerio rehusó comentar el asunto alegando que “aún no hay un texto definitivo” de la ley.
Las batidas y las monterías son cacerías programadas que requieren autorización previa de las comunidades autónomas. En la mayoría de ellas es obligatorio señalizar con carteles que alertan del peligro todos los caminos de acceso a la zona. Según la clase, pueden participar entre 20 y 100 cazadores. La caza mayor representa cerca del 50% de toda la actividad cinegética en España, explica un experto consultado. Los datos de la Fundación para el estudio y defensa de la naturaleza y la caza (Fedenca) indican que la suma de capturas de especies de caza menor (26,7 millones de piezas) y mayor (411.649 reses) alcanza un valor de 1.044,4 millones de euros al año.
Pasar de la advertencia a la prohibición del acceso a zonas de monte público “es algo discutible desde el punto de vista jurídico”, explica un experto en gestión del medio natural. “Choca con el derecho a la libre circulación. Una cosa es que con carácter concreto se informe de un peligro y otra es que legalmente se dé una preeminencia a la actividad cinegética frente al disfrute público de todos los ciudadanos”, añade. Esta fuente considera que los cazadores pretenden eludir su responsabilidad en caso de accidente. “Aprobar algo así crearía un problema jurídico donde ahora no lo hay. Podría acabar en el Constitucional, puesto que el artículo 45 recoge el derecho a disfrutar del medio ambiente”, concluye.
Juan Antonio Sarasketa, presidente de la Oficina Nacional de la Caza —agrupa aproximadamente al 70% de los cazadores españoles—, prefiere no hablar de prohibición sino de “ordenación”. “Debe primar la seguridad. Cuando hay una montería o una batida, con decenas de cazadores, la Administración debe decir a los seteros: Aquí hoy no se puede entrar”. Sarasketa asegura que así se lo han transmitido al Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete. “Le hemos planteado el problema que supone que pueda haber 20 o 30 seteros en una mancha [superficie de la finca donde se desarrolla la batida]. Existe peligro; las balas son muy traicioneras”, señala. Sarasketa cree que la prohibición de acceso se recogería no en el texto de la ley, que está previsto aprobar en verano, sino en un reglamento posterior.
“Es un tema complejo. Me parece lógico que se intente evitar accidentes, pero cualquier cosa que impida el libre albedrío de otras actividades se tiene que consensuar. No se pueden tomar esas decisiones a escondidas”, dice Miquel Fortuny, vocal de la Sociedad Catalana de Micología. Manuel Vera, fundador de la Asociación Micológica Granadina, coincide en que compartir territorio con cazadores “entraña peligro”. “Pero los que usan escopetas, los que generan ese peligro, son ellos, no nosotros. Todos tenemos el mismo derecho a entrar en un monte público. Una cosa es comunicar que hay una cacería —nosotros ya procuraremos no entrar— y otra es prohibir el acceso y multar”, añade. Los cazadores, por su parte, recuerdan que ellos son los únicos que pagan por usar el monte.
César Acosta, portavoz de Seguridad Vial de la Real Federación Española de Ciclismo, considera que dar prioridad a un colectivo supone “hacer un uso privativo de algo que usamos todos”. Los usuarios de la bicicleta se verían afectados, afirma: “Yo puedo planificar un recorrido y tener que cambiar de ruta o no llevarlo a cabo”. Además, le preocupa un aspecto práctico: “¿Cómo se señaliza y se delimita esa actividad? ¿Cómo voy a saber yo cuando preparo una ruta que voy a pasar por una zona en la que hay una montería? Es muy complicado ponerle puertas al campo”, señala.
Una cacería autorizada en el parque nacional de Monfragüe (Cáceres) a principios de diciembre pasado evidenció la polémica que rodea la convivencia de los diferentes usuarios del monte. Tanto los hosteleros del parque como la organización conservacionista SEO/BirdLife criticaron que la cacería fuera autorizada un domingo de puente, una de las fechas en las que Monfragüe registra más visitantes.
Los accidentes de caza por arma de fuego suponen entre 50 y 60 al año, según el presidente de la RFEC. El número de fallecidos, si se cuentan únicamente los decesos provocados por arma de fuego —las estadísticas también contemplan los producidos por infarto, por ejemplo— “hablaríamos de unos ocho o 10 al año de media”. No hay datos sobre daños a terceros; es decir, sobre accidentes en los que quien resulte muerto o herido no sea un cazador, sino un excursionista o un setero, explican desde Mutuasport, que concentra las pólizas de responsabilidad civil de cerca del 40% de los cazadores españoles
Información tomada de EL PAIS
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