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miércoles, 19 de junio de 2013


Onze nous agents per a la Guàrdia Urbana

Un total d’11 nous policies locals han rebut de la mà de l’alcaldessa, Núria Marín, la seva placa que simbolitza la incorporació a la plantilla de la Guàrdia Urbana. Després d’un any de pràctiques, els 11 policies començaran la seva activitat en el cos de seguretat de L’H.

“La Guàrdia Urbana és un símbol a L’Hospitalet. Tinc moltes ganes de començar a treballar en el cos i treballar per la ciutat. Aquest any de pràctiques ha estat molt positiu”. És l’opinió d’un dels nous agents de la Guàrdia Urbana, Daniel González. Ell i 10 policies més han estat durant dotze mesos fent pràctiques de patrulla a peu pels diferents barris de la ciutat, al costat d’agents veterans de la Policia Municipal, fent tasques de proximitat en contacte amb les entitats i els col•lectius socials.

martes, 4 de junio de 2013


La policía podrá usar troyanos para investigar ordenadores y tabletas

BORRADOR DE ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

Se trata de un arma de indudable utilidad para las fuerzas de seguridad, pero puede presentar problemas de constitucionalidad y chocar de frente con derechos fundamentales. El borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia —encargado por el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón a una comisión de expertos coordinada por su secretario de Estado— permite a los jueces que autoricen a la policía la instalación de troyanos en los ordenadores de los investigados para obtener la información que contienen o a la que se puede acceder a través de ellos. El texto prevé el acceso remoto de equipos informáticos —lo que incluye tabletas y teléfonos inteligentes— para delitos con penas máximas superiores a tres años, para el cibercrimen y para el terrorismo y el crimen organizado siempre que el juez justifique la proporcionalidad de la intervención. Hasta el momento, solo Alemania ha aprobado una regulación similar, aunque solo para casos de terrorismo, ante la invasión de la intimidad que supone.

El borrador recoge esta posibilidad en su artículo 350, que permite al Tribunal de Garantías —el que supervisa la instrucción del caso, que en la propuesta de Justicia dirige el fiscal— la autorización “a petición razonada” del ministerio público de “la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento del titular o usuario del contenido de un ordenador”. Es decir, permite la instalación de un troyano, uno de esos programas maliciosos —spyware, aunque en este caso utilizado para fines legítimos— que se instalan a distancia en un ordenador para poder controlar su contenido de forma remota sin que su propietario o usuario lo advierta.