Cataluña no quiere esperar a que la Unión Europea y el Ministerio de Sanidad regulen la utilización del cigarrillo electrónico y ha decidido adelantarse. El gobierno catalán prohibirá su uso en todas sus dependencias -incluidos los centros educativos-, y en los hospitales y centros de atención primaria que trabajan para la red pública. El departamento de Salud ha iniciado también la elaboración de un anteproyecto de ley para presentarlo al Parlamento con la intención de aplicarle al cigarrillo electrónico las mismas restricciones que al tabaco y prohibir su uso en locales públicos cerrados, como bares y restaurantes.
La Agencia de Salud Pública de Cataluña presentará al gobierno en los próximos días una propuesta de acuerdo, que se tramitará en el consejo ejecutivo de la próxima semana o la siguiente, para prohibir el consumo de estos cigarrillos en todos los edificios públicos que dependen de la Generalitat.
De forma paralela, el Servicio Catalán de la Salud elaborará una directiva obligatoria que también prohibirá el uso de los cigarrillos electrónicos en todos los hospitales y centros de atención primaria que trabajan para la red pública. Los edificios públicos que no dependen de la Generalitat (como las bibliotecas municipales) no están afectados por estas medidas, por lo que no queda claro qué pasará en ellos. “Nosotros actuamos donde tenemos competencias”, ha explicado Antoni Mateu, secretario de Salud Pública de la Generalitat.
